MEMORIA

6. LA COMUNIDAD

El término "exclusión social" lo propuso la Comisión Europea en su II Programa Europeo contra la Pobreza en 1989,  en sustitución del  concepto pobreza debido a querer abordar el  problema como un hecho multidimensional y heterogéneo (FOESSA 2008:183), ya que no sólo implica la falta de recursos económicos, si no que son carencias con muchas variables; empleo, vivienda, educación, familia, salud etc. Una de las formas más extremas de exclusión social es el sinhogarismo, ya que quien lo sufre no sólo experimente carencia en muchas de las variables expuestas, además de ruptura de vínculos sociales, privándoseles de derechos sociales y civiles como ciudadanos,  viviendo al margen de la sociedad y siendo discriminados y estigmatizados por ello. 

ETHOS (European Typology on Homelessness) distingue entre 4 categorías principales de sinhogarismo, que se subdividen, a su vez, en 13 categorías y que equivaldrían a distintas situaciones de exclusión residencial en las que se presenta el problema (Pleace, Teller y Quillgars, 2011: 13-15). Según el grado de accesibilidad, adecuación estabilidad y habitabilidad del alojamiento surgen las 4 categorías principales por gravedad del sinhogarismo, que son: SIN TECHO, SIN VIVIENDA, VIVIENDA INSEGURA Y VIVIENDA INADECUADA. Podríamos decir que la comunidad con la que mayoritariamente se trabaja desde SAM Adultos, es una comunidad sin vivienda y vivienda insegura o inadecuada, por casos procedentes de falta de empleo, emergencia social como desahucios, derrumbes o incendios,  ya que los sin techo hace referencia a un tipo de población en situación de exclusión severa o muy grave. La intervención con esta población se encuentra circunscrita a las personas empadronadas en el término municipal de Palma de Mallorca, que se encuentran en riesgo de exclusión o exclusión leve, o en situación de dificultad, desigualdad o emergencia social.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD A LA QUE VA DIRIGIDA LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Los cambios estructurales en el mercado de trabajo, en las condiciones laborales y en la estructuración de las relaciones familiares y de vinculación social,  termina por encontrar su reflejo en la exclusión residencial extrema (Cabrera, 2009: 3).

Los cambios sociales y económicos, que generan nuevos riesgos sociales, están creando una dualidad de la sociedad entre un grupo de población integrado y otro cada vez más excluido.

Los investigadores sociales coinciden en identificar tres esferas de riesgo actual que afectan a la capacidad integradora de la sociedad:

1. Las transformaciones producidas en el mercado laboral.

2. Las transformaciones en las formas de convivencia.

3. La crisis del Estado de Bienestar.

En España la extensión de la precariedad laboral se convierte en uno de los principales factores de riesgo. Y aunque la familia tiene mucho peso en la función protectora y de apoyo, las estructuras familiares y las redes solidarias están transformándose mientras que las políticas sociales no siempre se adaptan a estos cambios por lo que las nuevas realidades familiares tienen más dificultades en su capacidad integradora. En este país, perder el apoyo familiar aumenta el riesgo de exclusión más que en otros países europeos, donde la sociedad asume mayor responsabilidad colectiva ante las necesidades de sus ciudadanos.

La limitación de las políticas públicas frente a la pobreza, hace que sean las entidades no lucrativas las que intervienen mayoritariamente con los sectores más excluidos. Debemos añadir la evolución del mercado inmobiliario que ha favorecido al aumento de desahucios y el riesgo de perder o quedarse sin vivienda.

Respecto a los inmigrantes,  la falta de planificación en políticas públicas para acogerlos siendo España uno de los países europeos, que más inmigrantes ha recibido, hace que la inmigración sea uno de los colectivos mas afectados por la exclusión (FOESSA, 2008: 184-187). Aspectos agravados por la crisis económica, por su larga duración y la destrucción del empleo con el aumento de las personas desempleadas. Donde cada vez es mayor el número de personas que dependen, de unos servicios sociales, saturados, con recursos más escasos y limitados debido a las políticas de austeridad que ha aplicado el gobierno. 

Estos cambios inciden en el aumento de la pobreza y en el fomento de la exclusión social, consiguiendo que los niveles de protección social sean escasos e incluso disminuyan, afectando al colectivo de las personas en riesgo de exclusión social, empeorando sus ya difíciles situaciones y elevando los porcentajes de personas sin hogar. Un colectivo heterogéneo, que ha experimentado cambios importantes en los últimos años, al incorporarse ciertos sectores de trabajadores que debido a su falta de especialización, se convierten en inempleables, así como los ex-presidiarios, personas separados y/o divorciadas, generalmente hombres sin recursos económicos, adictos en proceso de integración, etc. (Fernández Felgueroso, 2009: 21).

DATOS ESTADÍSTICOS 

Baleares es una de las comunidades con más índice de desempleo y mayor porcentaje de inmigración, según el informe realizado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA) , Servicio de Estudios de Cáritas España,  en Baleares 130.000 personas están en riesgo de exclusión severa, a pesar de que las islas se sitúan en el séptimo puesto entre las regiones con rentas más altas de España. Las desigualdades han crecido en la Comunidad Autónoma a un ritmo superior al de la media nacional desde el inicio de la crisis en el año 2008. En concreto, el PIB balear ha sufrido una variación negativa del 10,6% desde ese año, mientras que en España el descenso ha sido del 8,6%.

El informe demuestra que 2 de cada 3 personas en riesgo de exclusión social ya lo estaban antes de la crisis, si bien esta ha acentuado las desigualdades.

El desempleo, la falta de participación política y las dificultades de acceso o precariedad en la vivienda son los tres problemas de exclusión que más afectan a la sociedad balear, según el informe.

La exclusión del empleo se acentúa en personas sin estudios y inmigrantes que residen desde hace tiempo en la comunidad, si bien ha disminuido la llegada de nuevos inmigrantes desde el 2012. Se alerta de que muchos de los empleos son irregulares, temporales o no se dan de alta en la seguridad social, lo que no garantiza que se pueda vivir de los trabajos que realizan.

El riesgo de exclusión social se multiplica por tres en la población ocupada con empleo irregular (75 %, frente al 56,5 % nacional) y se multiplica por dos en personas con desempleo de larga duración (58,7 %).

Además, cuando el sustentador principal de una familia es una mujer, el grado de exclusión en Baleares es mayor tanto con respecto a las familias mantenidas por hombres, como en relación a la media nacional.

El colectivo de los menores de 30 años es otro de los que más sufren la precarización del empleo, según FOESSA.

El informe señala que 3 de cada 10 personas están al margen de los procesos de participación política y social. La falta de interés y motivación por la participación es mucho mayor en Baleares el 22 % frente al resto 8 % de España.

Por otro lado, 1 de cada 4 personas se ve afectada por factores de exclusión residencial, sobre todo por no tener dinero suficiente para pagar gastos de la casa.

Los extranjeros que en Baleares representa el 21%   es un colectivo muy afectados por la crisis, Palma de Mallorca, cuenta con una tasa de residentes extranjeros del 16,3%.

Hay 2500 pisos de entidades bancarias vacíos en Palma de Mallorca. Cruz Roja ha atendido en el 2104  a alrededor de un millar de personas que viven en la calle al no disponer de un hogar. De este grupo, alrededor de 350 se encuentran en esta situación de forma permanente, mientras que el resto han pasado por ella temporalmente, fundamentalmente por problemas económicos.

La crisis ha incrementado el número de usuarios y necesidades sociales. Y con ello un nuevos perfiles de usuarios, hasta ahora desconocido; personas que llevaban una vida normal y que con la crisis han perdido su trabajo y con ello su vivienda desestructurándose toda su vida. Los desahucios aumentaron un 2,9% en Baleares en 2014. (Informe 2014,Cruz Roja)

A su vez, el informe sobre la vulnerabilidad social de Cruz Roja Española destaca que un 9,3% de las personas atendidas por este organismo en Baleares no disponían de un hogar, una tasa que de nuevo supera la media estatal, del 8,7%. En este caso, hay que apuntar que en Andalucía ese porcentaje es del 19,3%, mientras que la tasa más baja aparece en Asturias, con un 0,8%.

Cáritas apunta que un 31,5% de los hogares de las islas ha tenido problemas para cubrir todos los gastos de su inmueble, ya sea hipoteca, alquiler o facturas de luz o agua, frente al 20,4% de la media estatal y que un 5,6% han recibido alguna amenaza de ser expulsados de la vivienda, cuando la media española es del 3,7%.

El mayor número de población en riesgo y exclusión lo presenta Palma de Mallorca al ser la capital y tener un mayor número de población registrada y  ser la que mayor número de recursos dispone.

Con la información que nos proporcionan los encuestas sociales, vemos que el nivel de riesgo ha ido aumentando sobre todo en los hombres en los últimos tres años, llegando ahora a ser la mayoría (62%) de quienes se encuentran en mayor riesgo.

A aumentado el numero de personas en riesgo. Con respecto a las edades, cuanto más joven se es, más pesa el riesgo económico. En los tramos finales de la vida, en cambio, es el riesgo personal el que tiene mayor incidencia.

Así, observamos una masculinización, unida a una mayor juventud de quienes están en este nivel de riesgo, aunque también hay que destacar la situación de un grupo más pequeño (7,7%) compuesto por personas mayores de 55; Otro rasgo importante es que se trata de personas con hijos a cargo.

Las personas de origen extranjero están en situación de mayor riesgo que en el perfil general: sólo el 28,4% de las personas son españolas (en tanto que constituyen el 63% en el perfil general); el 25% proceden de América Latina, el 16% del Magreb, el 14% de Europa del Este y el 12,6% de África Subsahariana. 

Con respecto a la situación laboral de las personas en situación más vulnerable, el 67% están desempleadas (frente al dato del perfil general, que era del 50%) y tan sólo un 16% son trabajadores en activo. 

En general, se trata de personas más preparada que en años anteriores, ya que los que tienen estudios secundarios han pasado de un 15% a un 43% y el porcentaje de personas con estudios primarios desciende del 47% al 32%.

A diferencia del perfil general, entre las personas en situación de mayor riesgo hay más inmigrantes. y ha aumentado el número de personas con estudios superiores.

TIPOS DE POBLACIÓN

Las personas sin hogar son en su gran mayoría hombres, algo que no cambia con la crisis y son jóvenes en general (30-40 años) a pesar de que la media de edad aumenta casi 5 años en 2012. Se percibe un aumento de hombres mayores de 45 años que ha causa de la crisis, se han quedado fuera del mundo laboral.

La nacionalidad predominante es la española, disminuyendo algo en 2012 el número de extranjeros, y la mayoría de estas personas llevaban años residiendo en Baleares,  de lo que se deduce que no hay demasiados extranjeros “nuevos” entre los miembros de este colectivo. Estas personas padecen problemas serios en el ámbito económico. Estando sin ingresos de ninguna clase, afecta casi al 90%, seguido por del tema de la precariedad laboral. Ambos factores afectan más a los hombres que a las mujeres, que sin embargo están más representadas entre quienes tienen ingresos por debajo de 500 euros mensuales, trabajan sin estar dadas de alta, perciben pensión de viudedad y rentas mínimas, trabajan en la prostitución y tienen deudas en el país de origen.

Los divorciados y separados aumentan en número con la crisis, algo que también se refleja en el colectivo de los “sinhogar”,

debido a que los problemas económicos ejercen presiones en la familia que favorecen su ruptura. Esto hace que uno de los miembros de la pareja se vea obligado, en la mayoría de los casos, a abandonar el hogar, y si a esa falta de apoyo familiar, se le suma la falta de recursos económicos, las probabilidades de acabar en la calle se multiplican.

En relación al nivel de estudios, el estereotipo que cargan las personas sin hogar es el de no tener estudios. Se comprueba como la gran mayoría tienen estudios secundarios finalizados y ha aumentado las personas con estudios superiores.

Con la crisis las personas desempleadas aumentan, formando la gran mayoría; en 2005 eran sobre todo trabajadores no cualificados, mientras que en 2012 aumentan los profesionales cualificados. Esto señala la aparición de una nueva tipología de persona sin hogar: la de los “trabajadores pobres”.

NIVEL SOCIOECONÓMICO

El nivel de ingresos de los “sinhogar” no supera, en la mayoría de los casos, los 300 euros, aumentando en 2012 aquellos que no reciben ningún ingreso. Las fuentes de estos ingresos son, en su mayoría, las Rentas Mínimas de Inserción y la mendicidad, que ha disminuido mucho sus ingresos con la crisis.

En los últimos años, un mayor número de personas logra acceder a los Servicios Sociales, por lo que parece que los esfuerzos de estos dispositivos para contactar con este colectivo dan resultados. Sin embargo, casi la mitad de las personas sin hogar afirma que la ayuda recibida fue escasa o nula. Parece que la labor de los Servicios Sociales no es suficiente. La Renta Mínima de Inserción y otras ayudas económicas de emergencia tampoco son eficaces, puesto que son una minoría las que logran disfrutarlas, a pesar de que son los destinatarios ideales debido a su gran nivel de exclusión.

PROBLEMAS QUE PRESENTAN

El informe sobre la vulnerabilidad social de Cruz Roja Española en Baleares destaca, que las personas expuestas a un nivel alto de vulnerabilidad, han aumentado sus problemas. Más de la mitad de las personas se sienten afectadas por la crisis. y ha empeorado la situación de quienes sufrían un riesgo moderado. La mayoría está por debajo del umbral de la pobreza y casi 3 de cada 10 no tienen ingresos. Casi 3 de cada 10 tiene problemas graves con la vivienda. Tanto las personas desocupadas como las empleadas viven en mayor precariedad, inseguridad y con un bajo nivel de rentas. El 53% de las personas que sufrían un nivel de riesgo alto, están hoy desempleadas, el paro se ha incrementado en este grupo, y carecen de prestación por desempleo.

La situación de riesgo más destacable de las personas inmigrantes es el desempleo, sin que la mayoría perciba la prestación. El mayor factor de riesgo de las personas es que carecen de ingresos y no cuentan con ayudas económicas.

Las personas con drogodependencias, afectados por discapacidades, o personas que han salido de centros penitenciarios comparten la problemática de sus circunstancias personales, las cuales en casi el 100% de los casos se han visto agravadas últimamente por problemas familiares.

La personas en riesgo de exclusión social presentan en su mayoría la presencia de varios miembros de la unidad familiar sin empleo, incluido/a el o la sustentadora principal, lo cual lleva a la pobreza extrema. Enormes dificultades para sostener una vivienda en condiciones: abandono de casas o pisos propios por falta de dinero para pagar las cuotas hipotecarias; pérdida de la vivienda en alquiler y regreso a condiciones de hacinamiento o pisos compartidos, para toda la unidad familiar.

Rebaja de las condiciones laborales de quienes permanecen en el empleo, debido a que existe el temor de perderlo y el aprovechamiento de algunos empresarios para “sanear” la plantilla, reducirla y mantener las mismas exigencias.

Unidades familiares donde sólo trabaja la mujer en el servicio doméstico, en algunos casos servicio doméstico como internas, y dado que el salario en este sector no permite la sustentabilidad de la vida, necesidad de la familia de acudir a los servicios sociales. Relacionado con esto, redistribución de las tareas reproductivas, donde el hombre en paro se hace cargo de los hijas, en muchos casos sumido en una gran frustración e impotencia.

Agotamiento de las redes de apoyo por recarga de situaciones de exclusión social y laboral.

Agotamiento de las prestaciones por desempleo debido a la extensión del período en el que la persona no encuentra trabajo. Dificultades para renovar el permiso de residencia y de trabajo, debido a la imposibilidad de demostrar los pagos a la Seguridad Social (un mínimo de seis meses) y por ausencia de un nuevo contrato laboral.

Mayor preferencia, por parte de los empresarios, por contratar a nativos y nativas. Algunas de estas personas han quedado en paro en el sector servicios o la industria y actualmente demandan empleo en cualquier sector, incluso en la agricultura, entrando en competencia con las personas extranjeras, sobre todo cuando su nivel formativo es bajo. Se produce un incremento de la xenofobia debido al contexto de miedo a la pérdida de las condiciones de vida anteriores, añadiendo la discriminación, problema que afecta a los inmigrantes.

Respecto a la red de apoyo familiar, parece que la situación de soledad es generalizada. La mayor parte de las personas está soltera y el contacto habitual con los familiares no es muy común. Este resulta ser uno de los factores de riesgo más importantes que, unido a la falta de recursos económicos, puede provocar la entrada en la zona de exclusión. Y no solo eso, sino que puede favorecer la cronicidad del sinhogarismo.

En cuanto al estado de salud de este colectivo, la salud empeora mucho e incluso la esperanza de vida puede llegar a disminuir hasta 30 años comparada con la del resto de la población.  Cerca de un 30% sufre alguna enfermedad grave o crónica.

No es cierto que estas personas la gran mayoría son alcohólicas o adictas a las drogas. También es minoría las personas que han estado en prisión. Sin embargo, casi la mitad del colectivo ha sido detenida o gran parte de estas personas han sido víctimas de delitos o agresiones.

La crisis, como factor coyuntural que se ha desplegado con mucha virulencia en España, ha supuesto un recrudecimiento de las malas condiciones laborales, del empleo precario y ha expulsado a muchas personas al sector informal.

El tema del desempleo ha agravado situaciones familiares, especialmente entre la población inmigrante.

Los problemas surgen o se potencian por la inserción en la economía sumergida y la dependencia de subsidios o pensiones que no cubren las necesidades básicas.

La baja inversión en protección social en comparación con la media europea, en transferencias sociales y su baja eficacia en la reducción de la pobreza, sumada a los recortes presupuestarios en estos mismos capítulos, condicionan negativamente el futuro inmediato de millones de familias.

A pesar de todos los esfuerzos que se realizan en la intervención con personas sin hogar, la política social pública no da respuestas suficientes e integrales a estas personas, y sus presupuestos sociales y ayudas económicas resultan escasos, sobre todo con la crisis económica. Los centros son en su mayoría de alojamiento temporal y la atención a este colectivo está basada, sobre todo, en la intervención asistencial y de emergencia, no se apuesta lo suficiente por las actuaciones orientadas a la prevención de la exclusión social.

Los “sinhogar” son personas que se encuentran en una de las situaciones de exclusión más extremas que existen, por lo que no sólo necesitan que sus necesidades se vean cubiertas, sino que es vital que logren una reinserción sociolaboral integral.